Andreína Baduel, hermana del preso político Josnar Adolfo Baduel, relató que, a esta prisión de máxima seguridad, que depende del Ministerio de Servicio Penitenciario, fueron trasladados algunos detenidos en las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide y la Dirección General de Cantrainteligencia Militar (Dgcim). Aunque no hay cifras oficiales, estiman que hay más de 40 hombres en el lugar.
Detalló que las celdas son de 2×2 y cuentan con una litera, una colchoneta fina y una letrina. Ninguno de los presos comparte celda y se les prohíbe tener contacto entre ellos. La alimentación es restringida y tampoco reciben luz directa del sol.
“Son como jaulas”, señaló Baduel, quien manifestó su preocupación por la pérdida de peso en todos los presos políticos, lo que podría agravar algunas patologías y enfermedades ya existentes.
El trato a los familiares durante las visitas es calificado por ellos como “degradante”. Señalan que se les somete a requisas exhaustivas y se les encapucha hasta llegar al lugar de la visita, donde apenas cuentan con 15 minutos y no pueden hablar de temas que los custodios presentes (generalmente tres por preso) consideren “delicadas”. Tampoco se pueden tocar o abrazar, pues las entrevistas se hacen con un vidrio de por medio.
“Hacemos responsable al régimen de su integridad y de quienes estamos aquí alzando la voz, porque como vieron en el video nosotros somos intimidados y amenazados”, sentenció.
Considera que su familia sufre una retaliación política por las posiciones de su padre, el exministro Raúl Isaías Baduel, quien falleció en custodia del Estado por una supuesta patología que se agravó en prisión. Por ello, Andreína Baduel hizo un llamado a distintos organismos internacionales “para que nos acompañen, oenegés y activistas, para que sepan que en Venezuela siguen las violaciones de derechos humanos”.
Poca alimentación
Milianny Castillo, hermana de Oswaldo Castillo, denunció que a los detenidos en El Rodeo I se les suministra poca alimentación, pues “todos han bajado de peso”. Su hermano, estudiante del décimo semestre de Ingeniería, es uno de los sentenciados a 30 años por el “caso de los drones”, como se conoce al supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.
Castillo abogó para que se permita una comunicación sin amenazas o intimidación con sus familiares. Destacó que, en su caso y el de otras cuatro familias, en una ocasión le ordenaron cortar la llamada a los cinco minutos de haber iniciado por decisión de los custodios, de quienes no saben si pertenecen al Ministerio de Servicio Penitenciario u otro cuerpo de seguridad porque, indicó, no están identificados.
“Están en incremento las violaciones de derechos humanos y el amedrentamiento de sus familiares. Ellos han dicho que si denunciamos las condiciones van a empeorar”, señaló.
