23 de febrero de 2021.- Una vez más la iglesia católica se ve envuelta en un escándalo de abuso sexual. Esta vez la denuncia es desde Panamá. La diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá, investiga un caso de abuso sistemático durante años de decenas de menores en albergues dependientes del Estado. Hay niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se le practicaban abortos.
Rodríguez, del gubernamental Partido Revolucionario Democrático (PRD), también aseguró que los abusos, físicos y mentales, los cometían los internos o personal a cargo de quién estaban los niños y niñas en al menos 14 albergues investigados.
La protesta e indignación ante este hecho presionó para que el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, se comprometiera a encontrar y castigar a los culpables de estos abusos. Aun se desconocen los detalles de qué acciones ha tomado su Gobierno ni en qué dirección.
Las menores de edad abusadas han denunciado que fueron abusados sexualmente por internos y religiosas. Muchas de las adolescentes quedaron emnarazadas productos de estas violaciones.
Zulay Rodríguez afirmó que "Los abusos los cometían los mismos internos", e incluso existe un caso de un menor de edad que "fue abusado reiteradamente durante cinco años, desde los 10 a los 15".
Una subcomisión parlamentaria reveló un informe que detalla que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en albergues de todo el país, instituciones que administran organismos privados como varias ONG y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que les otorga además fondos públicos.
Por este escándalo está altamente cuestionada la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que entre sus funciones está supervisar instituciones de protección o albergues y en que en su junta directiva cuenta con las carteras de Desarrollo Social (Mides), Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.
Las protestas no han cesado, este lunes se realizó una acción en rechazo a los abusos contra los menores y también a la reacción del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, tildada de tardía e insustancial por activistas de derechos humanos. Más de 200 manifestantes protestaron ante la sede del Ministerio del Trabajo, al grito de justicia para los niños víctimas y cárcel para los responsables de los abusos.